La media hostia

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Medio Ambiente prepara un registro obligatorio de fincas sembradas con maíz modificado genéticamente y pedirá «acentuar el control» de los cultivos. ¿Algún otro tipo de alimento pasa siquiera la mitad de los controles que se aplican a los transgénicos? ¿Por qué Actimel sí y el maíz transgénico no?

Manuel Ansede

El único país de Europa que apuesta claramente por el cultivo de transgénicos, España, pegará un golpe de timón en los próximos meses. El Gobierno prepara un registro obligatorio de parcelas cultivadas con maíz modificado genéticamente en el que los agricultores se tendrán que apuntar siempre antes de sembrar y mediante comunicación formal y expresa, según la hoja de ruta del Ejecutivo en materia de transgénicos, a cuyas conclusiones ha tenido acceso Público.

El documento asegura que «el Gobierno no incentivará el cultivo de transgénicos», aunque en la práctica lo desincentivará. Los propietarios de las tierras tendrán que comunicar en qué parcelas exactas plantan transgénicos, de qué tipo son y «las medidas adoptadas en cada cultivo para evitar contaminación externa». La creación de esta lista negra de agricultores transgénicos, con un indudable poder disuasorio, se concretará mediante un real decreto antes de que termine la legislatura.

La ministra Rosa Aguilar cambia así el paso marcado por su predecesora al frente del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, que siempre apoyó el cultivo de transgénicos en España. Aguilar, en cambio, defendió el programa electoral antitransgénicos de Izquierda Unida hasta que abandonó la formación para entrar en la Junta de Andalucía con los socialistas. Recién nombrada ministra, en diciembre de 2010, la ex alcaldesa de Córdoba aseguró en una entrevista con este periódico que comía transgénicos «sin problemas».

En España se plantaron en 2010 unas 76.000 hectáreas de maíz con genes alterados en laboratorio, casi una cuarta parte del total del maíz nacional. Estas plantas modificadas genéticamente son resistentes a una plaga que causa estragos en Aragón y Catalunya: los llamados insectos del taladro o barrenadores del tallo. Cuando estos bichos mordisquean el tallo, una proteína tóxica para ellos paraliza asu sistema digestivo y mueren.

A partir de la entrada en vigor del real decreto, los agricultores que quieran sembrar esta variedad resistente al taladro, desarrollada en origen por la multinacional estadounidense Monsanto, tendrán que retratarse en el registro y exponerse a la opinión pública. Según el último Eurobarómetro, de 2010, sólo el 35% de los españoles apoya el cultivo de organismos transgénicos. En 2002, el porcentaje alcanzaba el 61%. El temor de los ciudadanos es tal que el maíz sólo se dedica al consumo animal, porque ninguna empresa se ha atrevido a comercializarlo para las personas. Sin embargo, la misma encuesta revelaba que en el país de Europa con mayor superficie sembrada con transgénicos uno de cada cuatro ciudadanos no ha oído hablar nunca de esta tecnología.

El creciente rechazo de los españoles a los transgénicos no se corresponde con ninguna evidencia científica que indique peligro. El propio Ministerio explica en su página web que «no existe ningún estudio científico que demuestre que estos alimentos sean perjudiciales para la salud». La industria siempre ha esgrimido esta ausencia de riesgos para rechazar la creación de un registro de parcelas cultivadas con maíz modificado. La propia existencia de una lista negra ya siembra dudas sobre su seguridad, argumentaban.

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